IGNACIO PEREZ DE VARGAS
Expertos piden flexibilidad a la Junta para reactivar la construcción en Marbella
Hubo todos estos años una ocupación innecesaria del territorio principalmente por la ausencia de normativa, cierto, pero la Junta de Andalucía está invadiendo ahora las competencias municipales, también en Marbella». Con esta rotundidad se pronunció ayer el abogado Ignacio Pérez de Vargas, uno de los expertos en urbanismo convocados con motivo del foro 'El futuro de la Costa del Sol 2020: mirando hacia el futuro', celebrado en el hotel Don Carlos bajo la organización de la Asociación de Agentes de la Propiedad en España para debatir sobre asuntos que afectan al litoral malagueño.
Los participantes aseguraron que el desarrollo sostenible de la Costa del Sol en general y de Marbella en particular pasa necesariamente «por una mayor flexibilidad normativa» de la Junta de Andalucía en materia de urbanismo para reactivar la construcción. «Hay que controlar el crecimiento, pero nunca frenarlo, como parece recoger el espíritu del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)», resolvió el abogado Ignacio Pérez de Vargas, que se mostró muy crítico con la actuación de la Junta, como Ramón Dávila, el presidente de la Asociación de Empresas de Turismo Residencial, Deportivo y de Salud (Promotur).
El objetivo de la convención enfocaba, según la organización, al hallazgo de medios prácticos para trabajar en favor del progreso de la Costa del Sol. «Debemos pensar sin duda más en el cliente y menos en el producto», afirmó Javier Martín Ledesma, el presidente de la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI), quien animó a reflotar el sector inmobiliario y la construcción en general. «Ahora que la confianza es mínima en las promociones, el consumidor debe informarse mejor que nunca de las condiciones de compra», expuso el abogado Felipe Martínez de Mármol.
Mal enfoque
«La actividad se apoyó todo este tiempo en la oferta y nunca en la demanda, en lo que deseaba el cliente específico; ya pagamos las consecuencias de esa sobreabundancia de inmuebles mal gestionada», se atrevió a transmitir a la audiencia: «Los escándalos inmobiliarios no favorecen que el panorama pinte mejor». Y es que Martín Ledesma habló de «desconfianza» o «incertidumbre». A la hora de abordar el futuro prefirió centrarse en los ajustes que deberán producirse «en el interior mismo del sector».
El progreso anima el crecimiento, que reclama las infraestructuras necesarias para hacer viable ese desarrollo. Entra aquí de lleno en juego el urbanismo y la intervención de las administraciones competentes. «O ponemos freno al crecimiento o lo dotamos de los medios necesarios para que se configure», planteó Pérez de Vargas. Se impondrá la segunda opción, dedujo, por lo que estimó «la conveniencia de articular» todas las normas que proliferan para rescatar «la normalidad urbanística».
A juicio del abogado, la dirección que se tomó no es la correcta desde el mismo momento en el que primero se aprobó el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol (POTCS) y después el POTA, «que limita el crecimiento de una ciudad como Marbella en un 30 por ciento de su población». Más crítico con el POTCS se descubrió Dávila, quien llegó a declarar que «nadie está de acuerdo con la norma».
Pérez de Vargas sostiene que el crecimiento de la Costa del Sol será muy superior y que no puede aplicarse ese mismo parámetro en los pueblos del interior y en los de la costa, con diferente ritmo de evolución. «No queda más remedio que modificar el POTA y el POTCS», apostilló el abogado.
En la misma opinión participó Dávila, quien consideró que es el POTA la norma que «está impidiendo» la conciliación entre los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Según explicó, el POTA idealiza una ciudad compacta, «pero no tiene en cuenta el desarrollo residencial» a través por ejemplo de los campos de golf o los puertos deportivos.
Inauguró la convención la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, con una apuesta firme «por la alianza» entre las administraciones públicas y el sector privado, «que fue el que dotó a la ciudad de las mejores instalaciones cuando falló la administración».
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